El presente artículo corresponde a una ponencia expuesta por la autora en el 33º Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social; “Crecimiento y Desigualdad”, realizado en Santiago de Chile, 28-31 de agosto de 2006.
A raíz de la búsqueda para entregar soluciones y disminuir el déficit de viviendas para los sin casa, paradojalmente, la implementación histórica de la política habitacional chilena ha dado como uno de sus resultados la conformación de barrios en sectores periféricos de la ciudad de Santiago que se caracterizan por su marginalidad, falta de infraestructura, problemas en la calidad de la vivienda y en el acceso a servicios básicos y sociales, y una múltiple problemática de hacinamiento, promiscuidad, violencia intrafamiliar y vecinal entre otras, lo cual repercute en la convivencia vecinal y en la participación de las personas que habitan en estos barrios conformados por conjuntos de viviendas sociales. Así, además de sufrir una segregación espacial, los pobladores sufren un proceso más extenso y profundo en diferentes ámbitos de la vida personal y social, denominado “exclusión social”. De esta manera; “hoy la segregación se ha vuelto maligna, y las autoridades chilenas no parecen reaccionar frente a este hecho. Cunde la desesperanza entre los pobladores. Más y más entre ellos miran con añoranza el tiempo de los “campamentos”. El sentido de optimismo que se vivía a pesar de la precariedad material está siendo sustituido por la desolación que campea en las poblaciones construidas por el Estado. La segregación espacial de los pobres dentro de las ciudades no surgió ahora, pero está acentuando sus rasgos negativos. El crimen urbano no es una nueva lacra, pero se está convirtiendo en una opción de trabajo para más y más pobladores empujados por el aislamiento social y la falta de oportunidades de desarrollo personal, y especialmente laboral. La nueva economía, la política habitacional y la segregación espacial no hacen más que acentuar este resultado”. Ahora bien, la exclusión social, se suele entender como “el conjunto de procesos estructurales, pautas ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos que producen discriminación personal o colectiva. La exclusión se presenta tanto bajo la forma de privación de bienes básicos materiales, o de determinada calidad de los mismos.” De esta forma, un porcentaje significativo de la población no tiene acceso a trabajos productivos, a una educación de calidad, a la cultura, al mercado. Se van creando en las grandes ciudades áreas cerradas para excluidos e incluidos, con limitadas comunicaciones entre sí, por lo que se debilita la unidad familiar, base de una vida humana plena. En definitiva, el concepto de exclusión remite tanto a un proceso de descalificación social, como a una condición de sometimiento a privaciones individuales, familiares o grupales. De tal manera que los socialmente excluidos conforman en sí mismos los sujetos destinatarios de una violencia primaria que de no encontrar un punto de ruptura tiende a reproducirse generacionalmente, constituyéndose en un factor posibilitador y reproductor de muchas otras expresiones de violencia social. A su vez, una aproximación amplia a la exclusión social significa entender también la inclusión. Incorporar a los excluidos a un patrón de vida básico no puede significar simplemente capacitarlos a sobrevivir y aliviar el sufrimiento brutal al que están sometidos. No se trata de distribuir compensaciones sino de promover reparaciones. Por otro parte, si se enfoca a la exclusión como un proceso en el que los actores y las instituciones están involucrados, se puede dar una relación a través de la cual “los excluidos son el resultado de las acciones de otros grupos. Esta mirada pone a las instituciones en el centro de atención, pues las prácticas de los diversos actores están determinadas por normas formales e informales que influyen en su comportamiento, (por ejemplo, titulación de propiedades, discriminación laboral, impuestos regresivos, evasión, corrupción, etc.). Esto es muy importante de cara a la política (social), pues en cualquier estrategia se vuelve crucial la carencia de instituciones adecuadas, puesto que “la exclusión y la integración no se refieren únicamente a los resultados sino también a los agentes e instituciones que les sirven de portadores”, como lo son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la política de vivienda chilena. Ahora bien, al analizar una encuesta realizada por SUR en 1985, el autor Eugenio Tironi concluye que los pobladores expresan el deseo de integrarse y de acceder a la participación social; así “(…) los pobladores muestran una incorporación a la vida urbana moderna que ya parece irreversible con una fuerte adhesión cultural al sistema. Desean, por ende, mayor participación en la sociedad, no una ruptura que los repliegue al seno de su comunidad; más apoyo del Estado, no más independencia; acceso a un empleo en la industria; no facilidades para crear talleres de autosubsistencia; en fin un espacio propio en la cultura moderna y no la reducción en folclore.” No obstante, cabe señalar que no se puede confundir este apoyo necesario para una integración social, con una dependencia que pareciese bordear el asistencialismo. Por su parte, el pensamiento que tienen los pobladores respecto a la participación manifestado por Tironi, difiere de lo expresado por la mayoría de los autores en sus definiciones, las cuales dicen relación con que los pobladores desean que la participación logre integrarlos a la sociedad sin desarrollar ellos un rol activo en esta integración, sino más bien ser receptores de los beneficios de las políticas estatales. Por otro lado, Francisco Sabatini desarrolla la siguiente tesis: “Los problemas urbanos y ambientales derivados de la organización y convivencia de grupos humanos y de actividades en el nivel territorial local, representan oportunidades valiosas para sustentar procesos de participación ciudadana con capacidad de incidir en la formación de políticas públicas y, en general, de poner en la discusión pública temas "de la gente", incluido el de la distribución de la riqueza.”, por lo que se podría decir, sin ánimo de aminorar las consecuencias sociales y responsabilidad del Estado a partir de la concepción y ejecución de la política social de vivienda en Chile, que la segregación y exclusión social se transforman en oportunidades de participación ciudadana para la población, con todo el peso de la relevancia y significado que esto tiene para la política pública.
Ahora bien, la participación ciudadana no altera la representación política de quién detenta el poder público, puesto que más bien supone su existencia. La participación social no se considera participación ciudadana sino en tanto y en cuanto se relaciona con "actividades públicas". La participación ciudadana corresponde a intereses privados (aunque sean colectivos) de la sociedad civil y reconoce intereses públicos, políticos, ante los que apela. Lo que se está pidiendo es precisamente el reconocimiento del carácter público que tiene su interés privado, pero ese interés privado no se transforma en público, sino que se puede hacer pública la consideración de ese interés.
Según lo anteriormente señalado, se logra percibir una relación conceptual, la cual hace referencia a que en la participación ciudadana interviene el concepto y la realidad de la ciudadanía en toda su dimensionalidad. Es así como en este sentido, el autor Fernando Castillo sostiene que “los conceptos de ciudadanía y de participación ciudadana, presuponen que los miembros de la sociedad están premunidos de ciertos derechos que les permiten incidir en algunas instituciones del Estado, en la toma de decisiones, o en la realización de determinadas políticas. Ciudadanía es así una dimensión de un determinado tipo de relación entre Estado y sociedad, que se hace posible sobre la base de un cierto grado de integración social y política en la sociedad.”
“El reverso de esta medalla - y lo que predomina ampliamente en las sociedades latinoamericanas - es la exclusión social y política de amplios sectores sociales. La ciudadanía en América Latina es débil, fragmentaria e inestable. Sin embargo, puede resultar pertinente referirse a “experiencias de participación como la de las comunidades de base, que tienen lugar en contextos fuertemente marcados por la exclusión”, como por ejemplo la participación de la comunidad en el programa “Favela Barrio” en Brasil. La cuestión es que se da una paradoja, la cual hace referencia a que en zonas de exclusión social se dan experiencias de participación ciudadana. Lo interesante es observar cómo este tipo de experiencias tiene algo que decir a aquellas otras que se dan en un contexto mayor, definido por la integración y la ciudadanía.
De esta forma, el primer gran tema que es necesario discutir para el fortalecimiento de la ciudadanía es su relación e incidencia en la superación de la exclusión.
Ahora bien. “En Chile no podemos hablar de ciudadanía como si estuviéramos en Holanda o si estuviéramos en Suecia, nosotros tenemos que hacernos cargo de un arcaismo mucho mayor incluso”, y tenemos el desafío de entender toda la temática de la exclusión social desde un enfoque de generación y acceso a formas cada vez más fuertes de ciudadanía, que interpele al ámbito de los procesos en que se conciben, elaboran y ejecutan las políticas públicas y sociales de forma general y a la política de vivienda de manera específica.

Autora: Angélica Castro S.